El cobro de una multa debe apoyarse en una sanción impuesta con respeto de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional protegió a una mujer desplazada, madre cabeza de familia y que no sabía leer ni escribir, sancionada por no asistir como jurado de votación.
La controversia comprendía su designación, el procedimiento sancionatorio y el cobro que adelantaba CISA.
La Corte encontró vulnerados sus derechos a la igualdad y al debido proceso, y amenazado su mínimo vital. Las autoridades no habían valorado adecuadamente sus condiciones ni garantizado su participación en la actuación sancionatoria.
Dejó sin efectos los actos de designación y sanción únicamente respecto de ella. Como consecuencia, la multa perdió ejecutoriedad y CISA no podía continuar cobrándola coactivamente.
La decisión muestra que la ejecución depende de la subsistencia del acto que la sustenta y de las garantías observadas al expedirlo. Sus efectos se limitaron a la afectada y no establecieron una exención general de multas para personas vulnerables.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (2023, 23 de junio). Sentencia T-231/23, expediente T-8.839.578 (Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado ponente).
