El Consejo de Estado protegió a un contribuyente frente a la práctica de incluir, año tras año, obligaciones antiguas del impuesto predial en nuevas cuentas de cobro. La Sección Cuarta concluyó que el municipio no podía mantener indefinidamente abierta la posibilidad de cobrar mediante la expedición tardía de liquidaciones.
El caso surgió en Soacha. La administración acumulaba en sus facturas vigencias anteriores, mientras sostenía que el término de prescripción debía comenzar con la ejecutoria de las liquidaciones oficiales expedidas posteriormente. Al mismo tiempo, certificó que no había iniciado el cobro coactivo de las obligaciones examinadas ni celebrado acuerdos de pago.
La Sala respondió negativamente. Distinguió el sistema de declaración privada del sistema en el que el municipio liquida directamente el impuesto. En este último, la autoridad debe actuar oportunamente para determinar y recaudar el tributo. La expedición de nuevas cuentas que acumulan obligaciones antiguas no permite reiniciar discrecionalmente el plazo de cinco años ni convertir en cobrables vigencias ya prescritas.
La decisión declaró prescrito el impuesto predial de los años 2002 a 2012 y ordenó al municipio abstenerse de iniciar su cobro coactivo. La tutela procedió excepcionalmente por la afectación persistente del debido proceso y las condiciones de especial protección del contribuyente.
El alcance del fallo exige atender al modelo de liquidación examinado. No establece que, en todos los sistemas tributarios, la prescripción se cuente de idéntica manera: la regla central es que la administración no puede utilizar su propia demora para mantener indefinidamente exigibles obligaciones que debió determinar y cobrar oportunamente.
El problema jurídico consistía en establecer si, bajo ese sistema de liquidación municipal, la administración podía aplazar el inicio de la prescripción hasta el momento en que decidiera expedir y perfeccionar otro acto de determinación.
Problema jurídico
La Sala respondió negativamente. Distinguió el sistema de declaración privada del sistema en el que el municipio liquida directamente el impuesto. En este último, la autoridad debe actuar oportunamente para determinar y recaudar el tributo. La expedición de nuevas cuentas que acumulan obligaciones antiguas no permite reiniciar discrecionalmente el plazo de cinco años ni convertir en cobrables vigencias ya prescritas.
La decisión declaró prescrito el impuesto predial de los años 2002 a 2012 y ordenó al municipio abstenerse de iniciar su cobro coactivo. La tutela procedió excepcionalmente por la afectación persistente del debido proceso y las condiciones de especial protección del contribuyente.
El alcance del fallo exige atender al modelo de liquidación examinado. No establece que, en todos los sistemas tributarios, la prescripción se cuente de idéntica manera: la regla central es que la administración no puede utilizar su propia demora para mantener indefinidamente exigibles obligaciones que debió determinar y cobrar oportunamente.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (2017, 20 de febrero). Sentencia de segunda instancia de tutela, radicación 25000-23-42-000-2016-03163-01 (AC) (Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, magistrado ponente).
